La decisión la ha tomado a mediodía de hoy el magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal, nada más tener conocimiento de que el juez Ruz acababa de desestimar el recurso de reforma presentado por las defensas. El instructor se reafirma en su auto de procesamiento y mantiene que el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros colaboraron con ETA al permitir que 54.000 euros de una extorsión llegaran a poder de la banda al frustrar la operación policial que iba a desarrollarse el 4 de mayo de 2006 contra la red de extorsión que operaba desde el bar Faisán de Irún. En el auto de procesamiento del pasado día 13, el juez Ruz afirmaba que "la decisión de procesar a quienes hasta ahora figuraban como imputados en las actuaciones se adopta porque en las mismas aparecen motivos bastantes para afirmar con fundamento que (...) concurren indicios racionales de criminalidad" contra ellos.
Desestimado el recurso de reforma, el consiguiente de apelación debía ser resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que hasta ahora ha entendido de la causa, pero Gómez Bermúdez decidió que sea el pleno (las cuatro secciones) el que resuelva el recurso “por la complejidad e importancia jurídica” del caso. Fuentes de la Audiencia Nacional manifestaron a este diario que el fallo no se conocerá hasta el próximo mes de septiembre.
Una decisión clave
Si el pleno rechaza el recurso los procesados serán juzgados por la Audiencia Nacional y se enfrentarán a una pena de hasta diez años de reclusión por el delito de colaboración con banda armada, el núcleo central del proceso, y a otros seis por encubrimiento y revelación de secretos, de los que también están acusados. Si, por el contrario, el pleno estima que solo aprecia el delito de revelación de secreto, como sostiene el fiscal, la Audiencia Nacional ya no sería competente y la causa sería remitida a un juzgado de instrucción de Irún, donde tuvieron lugar los hechos.
Una tercera opción sería que el pleno concluyese que no existen pruebas contra los acusados y resolviera levantar el procesamiento, algo poco probable porque tanto el instructor como el ministerio fiscal acusan. José María Fuster-Fabra, letrado de Enrique Pamies, manifestó a este diario que para la defensa es indiferente el número de jueces que resuelvan el recurso de apelación. “Tanta confianza me merecen dieciocho magistrados que tres. Tal vez al ser más habrá más matices, pero mi confianza en la justicia es absoluta”. José Luis Vega, abogado de Ballesteros, expresó su convencimiento en que el caso concluirá en un juzgado de Irún. “El caso Faisán es una patraña política sin recorrido jurídico, en el que mi defendido es la pata más débil. Estoy convencido de su absolución”.
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