La legislatura estará marcada por la austeridad y la continuidad de las cifras de elevado desempleo
Por Javier Flores ( La Voz Libre)
Madrid.- Los sondeos de opinión conocidos hasta la fecha nos llevan a esperar que el Partido Popular (PP) ganará las elecciones el día 20 de noviembre con una cómoda mayoría absoluta, que sin embargo llevará aparejada la ingrata tarea de tomar las duras medidas necesarias para devolver la economía española a su equilibrio. Y es que la política del ejecutivo durante los próximos cuatro años sin duda se va a ver afectada por la purga de los excesos del ciclo anterior y el lastre de la restricción fiscal, al encontrarse España en el proceso simultáneo de desapalancamiento privado y un duro ajuste presupuestario, lo que va a estancar la actividad económica, incluso con posible reentrada técnica en recesión durante los primeros meses del nuevo gobierno.
El próximo Gobierno, en un escenario de absoluta austeridad nacional y regional, deberá acometer la reforma laboral, reformar la fiscalidad, reestructurar el sistema financiero y mejorar la competitividad; casi nada... Todo ello aderezado con las esperadas reacciones de los sindicatos e incluso alguna huelga general.
Es de esperar que las nuevas condiciones económicas facilitarán lentamente la mejora de la confianza y la tregua de los mercados y la prima de riesgo, animando además una gradual recuperación del consumo de los hogares. El turismo, nuevamente, permitirá estabilizar el empleo en los servicios, buena parte de autónomos, e incluso anima a pronosticar una tímida creación de empleo en los próximos años, pero esa mejora va a verse negativamente compensada por la destrucción de empleo del sector público. De modo que a pesar de que es previsible que se inicie una lenta creación de empleo privado en 2012, no será suficiente para compensar la destrucción de empleo público y no parece posible que volvamos al número de ocupados de 2008 con el próximo gobierno.
Lo anterior se debe a que una parte importante del ajuste presupuestario que acometa el próximo gobierno deberá ser por la vía de la reducción del empleo en el sector público, que acumula desde 1995 un millón más de empleados (270.000 en la administración local y 920.000 en Comunidades Autónomas) y cuyos salarios consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto excluidas prestaciones sociales. Mediante una intensa reducción de personal laboral e interino, el empleo público puede volver al tamaño de 2006 (2.900.000 personas) hacia el final de la legislatura del nuevo gobierno. A la destrucción de unos 300.000 puestos en el sector público habrá que sumar otros 50.000 puestos entre despidos y prejubilaciones como resultado de la radical concentración y ajuste de costes del sector financiero.
Uno de los retos del nuevo gobierno será por lo tanto lograr que la tasa de paro baje del 20% (4.800.000), algo que solamente será posible a finales de 2013, gracias a la leve recuperación del empleo en la industria y los servicios (al margen de su tradicional distorsión estacional). Las previsiones no son mucho mejores hacia el final de la legislatura, ya que sin una mejora radical de la economía internacional, el menor ritmo de crecimiento (España quedará anclada durante los próximos años en cifras inferiores al 2%, prácticamente 0% en 2012) limita el potencial de creación de empleo.
El próximo Gobierno enfrenta también, si el legislador no es capaz de encontrar los mecanismos que lo eviten, la creación de una generación perdida y una creciente divergencia entre clases sociales, como resultado del recorte pronunciado de la inversión y gasto públicos, y el consiguiente estancamiento de la actividad que retrasará la salida de la crisis. Una legislatura que estará marcada por lo tanto por nuevas reformas, más austeridad y la continuidad de las cifras de elevado desempleo debido a la destrucción de puestos en el sector público.
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