Mercedes Ayala ha decretado la apertura del juicio oral.
El primero en celebrarse será el juicio con jurado contra los acusados por el
más que escuchado intento de cobro de comisiones ilegales que en 2009
protagonizaron Fernando Mellet y Daniel Ponce,
altos cargos de la sociedad y miembros del PSOE. La juez Mercedes Alaya, titular
del Juzgado de Instrucción número seis, en un auto de ayer ha decretado la
apertura de juicio oral, a través de la Ley del Tribunal del Jurado. Además de
estos dos imputados, hay que añadir a Antonio Rivas, ex delegado de Empleo de la
Junta de Andalucía en Sevilla, alto cargo del PSOE de Sevilla y María Regla
Pereira, que era coordinadora de proyectos de la entonces existente Fundación
Socioasistencial de Mercasevilla.
Como se recordará, todo comenzó con una grabación en la que se exigía dinero a dos empresarios. En la grabación aportada por los empresarios extorsionados y transcrita por la Policía Judicial, Mellet y Ponce, ambos directivos de Mercasevilla explicaban a sus interlocutores que la propuesta de aportación (comisión ilegal) de 300.000 euros para un proyecto que había sido subvencionado por la Junta en su totalidad era algo habitual y que tenían instrucciones de que así se hiciera para sacarlo adelante, a pesar de que el proyecto había sido comprometido dos años antes en un protocolo, ya que insinuaban tenían otros posibles adjudicatarios.
El Gobierno municipal de Sevilla, por entonces en manos de PSOE-IU, supo desde el 4 de febrero de 2009 que la Junta de Andalucía disponía de una grabación de audio en la que los altos cargos citados reclamaron una comisión de 450.000 euros a los directivos del Grupo La Raza a cambio de permitirles instalar una escuela de hostelería en su recinto y lo ocultó. El expediente fue enviado por la Consejería de Empleo a la Fiscalía de Sevilla, donde la fiscal jefe, María José Segarra, se encargó de la investigación. El delito del que ya entonces fueron sospechosos era el de cohecho, que puede ocasionarles penas de entre dos y seis años de cárcel después del juicio con jurado popular.
Luego se supo de la participación de Antonio Rivas, el jefe político del PSOE en los temas de Empleo en la provincia de Sevilla, y de María Regla Pereira en los hechos. En abril de 2009, la Fiscalía de Sevilla amplió su investigación sobre la presunta exigencia de comisiones ilegales en Mercasevilla a cuatro años de ayudas oficiales e imputó en el caso al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Luego, se inhibió de las investigaciones a favor del juzgado de instrucción 6, regido por Mercedes Alaya. 900.000 euros les pide la Fiscalía a los acusados además de la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho. El PP, como acusación popular, solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, con lo que probablemente no entrarán en la cárcel.
Además, el PP pide una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa únicamente un delito de cohecho. El PA, de su lado, pide para Rivas un año de cárcel, una multa de 2.250.000 euros y nueve años de inhabilitación por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que para el resto de acusados pide el pago de 1.350.000 euros y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho. El PSOE, de su lado, solicita para Mellet y Ponce dos años de cárcel, que sí puede conducirles a pasar un tiempo en prisión de conseguirse, y 18.000 euros de multa por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, exculpando a los otros dos imputados.
(LIBERTAD DIGITAL)
Como se recordará, todo comenzó con una grabación en la que se exigía dinero a dos empresarios. En la grabación aportada por los empresarios extorsionados y transcrita por la Policía Judicial, Mellet y Ponce, ambos directivos de Mercasevilla explicaban a sus interlocutores que la propuesta de aportación (comisión ilegal) de 300.000 euros para un proyecto que había sido subvencionado por la Junta en su totalidad era algo habitual y que tenían instrucciones de que así se hiciera para sacarlo adelante, a pesar de que el proyecto había sido comprometido dos años antes en un protocolo, ya que insinuaban tenían otros posibles adjudicatarios.
El Gobierno municipal de Sevilla, por entonces en manos de PSOE-IU, supo desde el 4 de febrero de 2009 que la Junta de Andalucía disponía de una grabación de audio en la que los altos cargos citados reclamaron una comisión de 450.000 euros a los directivos del Grupo La Raza a cambio de permitirles instalar una escuela de hostelería en su recinto y lo ocultó. El expediente fue enviado por la Consejería de Empleo a la Fiscalía de Sevilla, donde la fiscal jefe, María José Segarra, se encargó de la investigación. El delito del que ya entonces fueron sospechosos era el de cohecho, que puede ocasionarles penas de entre dos y seis años de cárcel después del juicio con jurado popular.
Luego se supo de la participación de Antonio Rivas, el jefe político del PSOE en los temas de Empleo en la provincia de Sevilla, y de María Regla Pereira en los hechos. En abril de 2009, la Fiscalía de Sevilla amplió su investigación sobre la presunta exigencia de comisiones ilegales en Mercasevilla a cuatro años de ayudas oficiales e imputó en el caso al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Luego, se inhibió de las investigaciones a favor del juzgado de instrucción 6, regido por Mercedes Alaya. 900.000 euros les pide la Fiscalía a los acusados además de la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho. El PP, como acusación popular, solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, con lo que probablemente no entrarán en la cárcel.
Además, el PP pide una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa únicamente un delito de cohecho. El PA, de su lado, pide para Rivas un año de cárcel, una multa de 2.250.000 euros y nueve años de inhabilitación por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que para el resto de acusados pide el pago de 1.350.000 euros y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho. El PSOE, de su lado, solicita para Mellet y Ponce dos años de cárcel, que sí puede conducirles a pasar un tiempo en prisión de conseguirse, y 18.000 euros de multa por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, exculpando a los otros dos imputados.
(LIBERTAD DIGITAL)
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