Ahora que ya está objetivamente libre de culpas, aliviado de sospechas y despejado de sombras su horizonte penal, el Muy Honorable presidente Camps debería revisar en la intimidad de su conciencia el coste personal que le ha supuesto una línea de defensa manejada desde el principio con manifiesta torpeza política.
Como subraya Ignacio Camacho en ABC, Camps tiene perfecto derecho a sentirse injustamente acosado, objeto de una cruel cacería sin otro fundamento que el encono partidista y víctima de un escrutinio inaceptable por su carácter sectario; pero él mismo ha contribuido al agravamiento de ese gratuito calvario con una estrategia defensiva timorata, confusa y cicatera de explicaciones.
Bien es cierto que al final ha quedado limpiamente exonerado y que el sobreseimiento de la causa le devuelve con toda claridad una integridad que sólo desde una intención torticera podía ser cuestionada sobre la banal base del presunto regalo de unos míseros trajes; sin embargo, su decisión de enrocarse en el ámbito procesal y rehusar el legítimo debate a que le daba opción su preminente posición política ha permitido una larga incertidumbre cuya resolución feliz no le ha evitado un sensible e innecesario desgaste.
Se ha echado en falta en este triste sainete una convicción airosa del presidente valenciano en defender su razón moral y política además de su inocencia penal; y se ha echado en falta sobre todo porque a todas luces la tenía y a todas luces la debería haber hecho valer más allá de la soberbia, la autocomplacencia o el simple encogimiento ante la evidencia de una insidiosa operación de asedio que ha agigantado el caso hasta convertirlo en una inquisitorial hoguera de vanidades, atropellos y confusiones.
En sentido contrario, los promotores y ejecutores de ese acoso propio de una jauría tendrían que reflexionar sobre el sentido de una maniobra inmoral, agrandada mediante técnicas conspirativas incompatibles con el orden democrático.
Ni todo vale en política ni es permisible que en un estado de derecho se dé por buena la pena de telediario, que arrasa reputaciones y utiliza tribunales sin más objetivo que el de la liquidación del adversario político.
Este inelegante carnaval de sastrería de medio pelo ha dañado sin duda la imagen de Camps, pero sobre todo ha menoscabado el crédito y la dignidad de la vida institucional y ha hecho jirones el tejido de la decencia pública con un estéril forcejeo sobre dádivas ridículas.
Y todo en balde, porque Camps sale vivo de la brasa en que querían achicharrarlo con la ropa puesta pero queda un rescoldo de rencores y un poso ceniciento de denuncias turbias, mentiras enteras y medias verdades; una chamusquina de manipulaciones mediáticas, filtraciones insidiosas y manejos interesados de los procedimientos policiales y judiciales.
Mucho precio para una prenda tan escasa; no se puede hacer política con retales.
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